En el discurso actual se ha instalado con mucha fuerza la cuestión de la inseguridad, desde los medios y como slogan de campañas políticas. Sin embargo este discurso, es meramente eso, un discurso que está vacío de todo contenido o que peor aún, apesta. Me refiero a lo que ha sido definido recientemente por el Dr. Zaffaroni como “segurismo autoritario” un discurso único que apunta directamente a un totalitarismo absurdo, que no propone más soluciones que la tan mentada “mano dura”. Con este discurso se puede hacer política agitando el fantasma de la inseguridad, sin aportar a la solución, siendo más bien parte del problema. En varios países de la región se ha aplicado la mano dura y los resultados fueron espantosos, el caso más resonante es El Salvador, allí se aplicó un régimen extremo, que incluyó la reducción de la edad de imputabilidad y el resultado fue más criminalidad.
La mano dura, entonces además de ser absolutamente autoritaria y violatoria de todo un esquema de protección internacional del que nuestro país es parte, no aporta soluciones, es ineficiente. Quizás la cuestión sea encarar el problema desde su origen, la pobreza.
La problemática de los menores de edad imputados por delitos, es asimismo la problemática de la pobreza, de una pobreza persistente durante 27 años. De una pobreza que como dice Bernardo Kligsber tiene cara de niño, más del 50% de la población infantil es pobre en América Latina; y tiene cara de joven sin oportunidades: en América Latina tenemos uno de cada cuatro jóvenes fuera del mercado laboral y fuera del sistema educativo, eso son más de 50 millones de personas que están fuera de todo. Las consecuencias sociales del modelo neoliberal se ven a simple vista en la desarticulación de la sociedad en sus cédulas tan básicas como la familia. La falta de un marco de referencia, no necesariamente entendiendo el término en su forma tradicional, no se trata de la familia Ingalls, sino de un marco de contención afectivo, con una clara conducción del proceso de apredizaje, es un síntoma sociológico de la implantación de un modelo extraño en una población que todavía conservaba en su memoria una cultura del trabajo, que se vió diezmada por la falta de posibilidades. Uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina es la falta de educación en los niveles básicos.
Un niño que comete delitos es un niño que no tiene posibilidades, que no va al colegio. Salvo algunos hechos aislados de violencia infantil, que no tienen nada que ver con la criminalidad de subsistencia - con distintos grados de violencia- de los niños que pasan la mayor parte del día deambulando por las calles. Esos chicos que buscan la forma de sobrevivir inmersos en un panorama de exclusión que heredan de sus padres y de todo el marco de referencia donde habitan.
Desde la última dictadura militar que tuvo como uno de sus fines estratégicos instalar un modelo de exclusión que fue abonado durante los años que siguieron desde la óptica neoliberal, haciendo estragos es los 90, se profundizo la desintegración del tejido social, el ejercicio de la ciudadanía se exteriorizó sólo en lo económico en el mercado, con un Estado cada vez más lejano.
En materia de infancia y minoridad ese esquema se reprodujo con la visión tutelar de la intervención del estado como gendarme, con una orientación claramente autoritaria, cuyo epicentro en el caso de la minoridad era el reformatorio, la mega-institución que respondía al modelo de los mega- establecimientos como la cárcel, el manicomio, etc. El reformatorio quedó en el imaginario colectivo como la tumba de la que nos hablaba Enrique Medina, y así continuó como un enorme depósito humano que reprodujo mas violencia, mas desigualdad. Instituciones que se convirtieron en verdaderas escuelas de violencia, contribuyendo a una despersonalización que estaba en sintonía con el modelo de exclusión del que era un engranaje.
El paradigma tutelar que hoy justamente es criticado desde toda la doctrina, fracasó porque estaba pensado para un estado autoritario, dentro del paradigma del estado vigilante. Hoy resguardar las garantías constitucionales es una premisa de todo proceso judicial, no se puede cuestionar desde el punto de vista de un estado democrático, donde la inclusión de los ciudadanos dentro de la dinámica social es una tarea para el Estado, entendido como el conjunto de la sociedad que convive dentro del régimen democrático.
El paradigma de la protección integral que incluye en su esencia la concepción de la persona menor de edad como sujeto de derecho, con todas las garantías ciudadanas, si bien desde lo jurídico es inobjetable, debería ser adaptado a un contexto como el nuestro y en gran medida como en toda la región a la realidad de una infancia pobre donde el Estado debe ejercer una función tutelar como condición necesaria, ante la carencia de contextos familiares que puedan hacerlo. Negar el problema no es solucionarlo, el paradigma de la protección integral es sin dudas, mucho más avanzado, pero hay que desmitificar la figura de la tutela, en su significado autoritario. Si bien es cierto que parte de la normativa nacional continúa enmarcada en la concepción tutelar del estado autoritario, es necesario resignificar la palabra para adaptarla a la situación actual.
Sin dudas, ante la falta de un marco de contención desde la familia, es necesario que sea el Estado, el que asuma la responsabilidad de contener esta infancia que ha quedado desamparada. Una activa intervención estatal en el desarrollo de políticas de prevención y reinserción, para que cada chico que queda institucionalizado en una agencia estatal complete su instrucción obligatoria como forma de reinserción en la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la ley de educación; tanto para quienes se encuentren privados de la libertad como de aquellos que ingresen en el sistema.
Las experiencias alfabetizadoras en las distintas cárceles del país demuestra que hay soluciones, que con mayor educación, hay más posibilidades de reinserción. Si esto funciona en los adultos, no parece descabellado que todo joven que ingrese en el sistema punitivo deba completar su instrucción obligatoria, con control judicial de su cumplimiento. Para el caso de los menores que se encuentren detenidos será necesario pensar en pequeños lugares donde el ambiente sea propicio para el estudio, donde las necesidades biológicas y sociales puedan satisfacerse, quedando en la educación pública la responsabilidad de la formación escolar.
Para que esto pueda aplicarse, es necesario pensar en un esquema donde los distintos sectores de la sociedad se encuentren como parte de la responsabilidad que implica una protección integral de la minoridad. Desde el Estado, será creando y organizando los lugares apropiados, desde la justicia, controlando y regulando su funcionamiento y desde las organizaciones sociales reconstruyendo el tejido social. Porque sólo un esfuerzo conjunto de parte de las instituciones democráticas puede comenzar a cambiar una realidad que es cada vez más angustiante.
